El gobierno chino sigue considerando a Chang Hao, predicador de una pequeña iglesia rural en Yunnan, como una amenaza a la seguridad nacional. A pesar de afrontar problemas de salud y de tener a su esposa y a su madre, también gravemente enfermas, sin apoyo, el fiscal del Tribunal Popular del condado de Zhenxiong decidió que Chang Hao debía permanecer en prisión y su caso debía pasar a juicio.

Según Bitter Winter, en abril la iglesia de Chang Hao fue allanada por la policía. Los agentes de policía confiscaron Biblias, libros cristianos y máscaras anti-Covid con versículos de la Biblia inscritos que él distribuía. Estos se hicieron populares en la zona y molestaron a las autoridades.

En este sentido, Chang Hao fue detenido por la policía y su familia quedó sin comprender lo sucedido. Más tarde se supo que había sido detenido y posteriormente arrestado formalmente acusado de “provocar peleas y disturbios”. Se trata de una acusación genérica utilizada en China contra los disidentes políticos y religiosos.

Por ello, el 22 de noviembre su familia se comunicó con varias organizaciones de derechos humanos, brindando un comunicado. El comunicado decía que el Fiscal planea procesarlo por “publicar y remitir información falsa en Internet, discursos inapropiados, provocar graves alteraciones del orden público y tener un impacto social negativo”.

Así, sus familiares creen que todas estas acusaciones se refieren a que Chang Hao dirigía una iglesia en casa no autorizada y distribuía máscaras con versículos de la Biblia. El caso de Chang Hao confirma que los predicadores considerados “ilegales” son detenidos primero, y luego se encuentran cargos vagos para mantenerlos en prisión.

Finalmente, el gobierno chino continúa restringiendo la libertad religiosa, persiguiendo a quienes practican su fe fuera de los límites del control estatal.